484 han sido presentadas por particulares y 17 corresponden a instituciones, ayuntamientos, sindicatos y partidos y otras organizaciones
La mina de Borobia ha recibido 501 alegaciones durante el periodo de información pública abierto por la Junta de Castilla y León, la entidad encargada de asumir la declaración de impacto ambiental del proyecto. De este medio millar de reclamaciones, 484 han sido presentadas por particulares y 17 corresponden a instituciones, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones.
Concluido el periodo de información pública sobre el proyecto de estudio de impacto ambiental y autorización administrativa de la explotación minera de Borobia, ahora corresponde a la empresa encargada del promover el proyecto, Magnesitas Sorianas -filial de Magnesitas de Navarra-, responder cada una de las 501 propuestas y acatar en la medida de lo posible todas aquellas que se considere oportuno. “Que no quepa ninguna duda que se contestarán todas y cada una de las alegaciones y que intentaremos orientar ésto para enriquecer el proyecto”, garantizó ayer el responsable de la compañía promotora, José Antonio Yeregui. “Debemos aprovechar esta oportunidad para mejorar el proyecto existente”, insistió en este sentido.
Aunque el número de alegaciones presentadas por particulares es muy elevado, 484, desde la Junta matizaron ayer que todas estas propuestas se pueden dividir en “dos únicos modelos colgados en páginas web”. Uno de ellos tienen un carácter general (y en éste han formulado 419 alegaciones similares), y otro responde a quienes se identifican como propietarios de terrenos de Borobia (y supone 65 reclamaciones). El resto de propuestas, 17, han sido presentadas por instituciones, ayuntamientos, sindicatos, partidos y otras organizaciones. Entre otros, han alegado varias organizaciones ecologistas como la Asociación Naturalista de Aragón Ánsar, los Ecologistas en Acción Ecofontaneros, la Plataforma en Defensa del Agua y la Tierra, Seo Birdlife, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, o la Plataforma de defensa del agua y del suelo. También han reclamado partidos políticos y sindicatos como la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UGT, el Partido de Castilla y León (Pcal) o Izquierda Unida de Castilla y León y de Aragón, así como varios ayuntamientos de Soria y Zaragoza.
La parte contraria más potente se localiza en los pueblos de la Comunidad vecina. La Junta de Aragón, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón -Departamento de Medio Ambiente- se han posicionado en contra.
Teniendo en cuenta el carácter de las propuestas, la empresa tiene previsto poder “racionalizar” el trabajo y contestar “en conjunto o por fotocopias” todas las alegaciones que son iguales. A pesar de ello, Yeregui insiste en que se adaptarán a lo que mande la Junta. Una vez contestadas por la empresa, junto con el informe que debe emitir el Servicio Territorial de Industria, se remitirá el expediente completo respecto a la Ley de Minas a la Secretaría de la Comisión Provincial de Prevención Ambiental para análisis y propuesta de la Declaración Ambiental que proceda.
La Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) acordó ayer por unanimidad apoyar las reivindicaciones de la Coordinadora de Municipios afectados por la Mina de Borobia en alusión a la puesta en funcionamiento de la instalación minera. “La puesta en marcha de esta explotación pondrá en peligro los acuíferos de los que nacen los ríos Manubles, Aranda, Isuela y Ribota y, por lo tanto, no sólo afectará a la calidad y cantidad de sus aguas y a la biodiversidad de los ríos, sino también a los habitantes que se abastecen de estas masas de agua”, justificaron desde la federación, que consideraron que la mina también afectará a las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como al potencial de desarrollo turístico.
Entre las alegaciones hay un documento único presentado por procurador y suscrito por los ayuntamientos de Borobia, Ciria, Aniñón, Aranda del Moncayo, Ateca, Berdejo, Bijuesca, Brea de Aragón, Calatayud, Calcena, Gotor, Illueca, Jarque, Malanquilla, Mesones de Isuela, Moros, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga, Torralba, Torrijo, Trasobares, Villalengua y Villarroya. Este documento remitido desde la Coordinadora supone que el Ayuntamiento de Borobia ha alegado contra la mina.
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