La Junta prevé licitar además en esta legislatura la ejecución de la depuradora de Tubilla del Lago. La de Gumiel de Izán está a expensas del II Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
La depuración integral del río Gromejón, afluente del Duero que nace en Caleruega y desemboca en Gumiel de Mercado, va a estar a expensas de las negociaciones que están manteniendo la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de cara al desarrollo del II Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015.
El director general de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, José Antonio Ruiz, ha confirmado a DB que, en base al estudio que encargó su departamento a raíz de la solicitud cursada por los alcaldes de la cuenca, entre ellos José Ignacio Delgado del PARTIDO DE CASTUILLA Y LEÓN (PCAL), finalmente se van a ejecutar tres estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) para dar servicio a los nueve municipios enclavados en el curso fluvial. Unas actuaciones que, según datos de la Administración regional, supondrán una inversión estimada de unos 7,2 millones de euros.
A este respecto informa que la más avanzada es la planta que se situará próxima a la desembocadura para cubrir las necesidades de Quintana del Pidio, La Aguilera, Sotillo de la Ribera y Gumiel de Mercado, capaz de dar respuesta a las necesidades de 4.000 habitantes equivalentes y cuyo coste se cifra en 3 millones de euros. Un proyecto cuya redacción pasó desapercibida ya que no salió a licitación «porque por su importe se tramitó por un procedimiento que no requería su publicación en el BOCYL», con el que se espera contar este año y cuya ejecución se prevé licitar a lo largo de 2010.
Respecto a las otras dos instalaciones previstas, la de Tubilla del Lago, que trataría además las aguas residuales de Caleruega y Valdeande; y la de Gumiel de Izán, donde verterá también Villalbilla de Gumiel, el director general indica que van a depender de la definición del escenario económico del II Plan Nacional de Calidad de las Aguas «para poder marcar hitos en el resto de las licitaciones».
En este sentido, respecto a la primera, diseñada para una población de entre 3.000 y 4.000 habitantes equivalentes y presupuestada en tres millones de euros, la intención es sacar a contratación su construcción antes de mayo de 2011, mientras que el horizonte de la EDAR gomellana, dimensionada para una población equivalente próxima a los 2.000 habitantes equivalentes y con una inversión de 1,2 millones de euros aún no está definido y es posible que tenga que esperar algo más.
«Lo que se está trabajando desde la Dirección General y la Consejería es en cumplir el compromiso de que las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, que en este caso sería la de la zona final y podría entrar en ese ámbito la de Tubilla, estén al menos licitadas antes del final de esta legislatura. La otra , en principio, debería esperar, salvo que se aclare el escenario económico que permita movilizar recursos y adelantar inversiones», explica.
La Junta de Castilla y León destaca el interés del proyecto de depuración del río Gromejón, pero no tanto porque suponga la intervención integral en toda su cuenca, algo que se planteaba como novedoso, ya que la Dirección General de Infraestructuras Ambientales esgrime que ya ha desarrollado otra actuación similar en el burgalés río Pedroso que va a ser objeto de licitación en este ejercicio.
Para Ruiz la propuesta puede ser modélica si, como pretenden los ayuntamientos implicados, se constituye una mancomunidad de cara a la gestión, que sería pionera. «Técnicamente no se justificaba una depuradora para todos. Pero económica y funcionalmente puede ser interesante una agrupación de municipios que permita concesionar y explotar las tres plantas», explica.
Un proyecto al que aún no se sabe si se adherirá La Horra, ya que aunque se planteó la posibilidad de conectarla con la EDAR de la desembocadura, inicialmente se descarta por un problema de cotas. «Aunque los estudios iniciales ponen de manifiesto que no parece lo más interesante la conexión a este sistema. No obstante profundizaremos en esa cuestión durante la redacción del proyecto», explica el director general.
El director general de Infraestructuras Ambientales de la Junta cree que no tendría sentido, en cumplimiento de la sentencia que declara ilegal la EDAR de Aranda por situarse a menos de 2.000 metros de un núcleo de población y obliga a devolver los terrenos a su estado original, derribar la actual planta para construir otra nueva. Máxime cuando se ha derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, que databa de 1961 y fijaba esa distancia mínima, «que ha sido superado por la técnica y por las medidas que se puedan adoptar en cualquier tipo de instalación».
En su opinión una depuradora como la cuestionada bien gestionada no tiene ningún problema para el entorno próximo «y parece un exceso demoler una instalación que está garantizando que Aranda, una población muy importante, depure con total normalidad y entregue las aguas al río Duero en condiciones».
Sin embargo, si finalmente, con moratoria o sin ella, hay que echar abajo una inversión de 10,6 millones de euros, José Antonio Ruiz cree que debería ser la Administración central la que asuma la financiación de las nuevas instalaciones puesto que fue la que desarrolló la actuación. Un planteamiento en línea con el II Plan Nacional de Calidad de las Aguas donde en principio se mantiene el criterio, que en este caso no sería específicamente, de que cada Administración actúe en los ámbitos donde lo había hecho anteriormente.
«Si se tiene que ampliar una depuradora o si se tiene que meter un tratamiento terciario porque está en zona sensible, parece razonable que la que actúe sea la Administración que actuó anteriormente. Esperemos que no haya que llegar a este extremo, pero si surge cualquier cuestión en el entorno de Aranda en principio la referencia debería ser el Ministerio», justifica.
(Modificado: Diario de Burgos)
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