El concejal castellanista Sebastián de la Serna cree que ha podido existir «premeditación y alevosía» en los defectos de notificación que han conllevado la suspensión de las multas
Las sanciones impuestas por la obra del edificio de Torremilanos, 7, ascendían conjuntamente a 154.000 euros.
El alcalde, Luis Briones, se limitaba a señalar en una de sus intervenciones en un pleno que la actual corporación ha seguido todos los procedimientos y que éste es un problema heredado de la anterior. Respecto a la posibilidad de abrir un expediente a un funcionario advertía que «es muy complicado y hay que tener la certeza absoluta de que cuando ha tomado una decisión no es un error o ha existido mala fe, y yo no la tengo».
Para De la Serna la única posibilidad es crear una comisión de investigación, en la que posteriormente, a tenor de las averiguaciones, ya se determinaría si es preciso abrir expediente sancionador o no.
En cualquier caso, el edil del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) denunció que hay expedientes informativos abiertos a diversos trabajadores que duermen el sueño de los justos en un cajón, como el que promovió él hace unos 20 meses a la técnico de Turismo. «No se ha dado un paso. Ahí está muerto. ¿Por qué? porque no hay espíritu de que esto salga. Aquí hay un ánimo de que nunca pasa nada, de no contrariar a los trabajadores. No hay valor y parecen intocables», lamentó.
(Fuente: Diario de Burgos)
El PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL), reivindica la apertura de una comisión de investigación para intentar aclarar el motivo por el que las sanciones impuestas por el Ayuntamiento arandino al promotor y al arquitecto del edificio construido en el número 7 de la calle Torremilanos por la infracción urbanística que supuso levantar una planta más de las permitidas caducaron por defectos de notificación e intentar depurar las posibles responsabilidades que pudieran existir.
El concejal del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) Sebastián de la Serna ha anunciado su intención de presentar una moción al pleno en este sentido para intentar que todos los grupos se posicionen claramente e intentar que la oposición fuerce al equipo de gobierno a dar este paso después de que a lo largo de varias sesiones plenarias haya venido preguntando reiteradamente al equipo de gobierno por este tema sin que se haya actuado al respecto.
El arquitecto estaba obligado a pagar una multa de 30.050 euros y la constructora otras de 124.080 euros, pero quedaron exentos de realizar el abono al haber caducado. Recurrieron las sanciones y el Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Burgos atendió su planteamiento y determinó que al notificarse las sanciones el 6 de junio de 2006, se sobrepasó en un día el plazo que el Ayuntamiento de Aranda tenía para resolver dicho expediente sancionador, cuyo periodo de resolución había concluido el 5 de junio.
En opinión de De la Serna ese expediente «se ha dejado pasar con premeditación y alevosía» por parte de algún trabajador del Ayuntamiento, y cree que debería aclararse ese extremo. «Me parece un tema grave y además no hay que olvidar que estamos hablando de 150.000 euros. Y no olvidemos que el causante de este desaguisado, por desidia o intencionalidad, está protegido y cobra su considerable salario íntegro. ¿Qué pensarán los ciudadanos ante este estafa?», señala
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