DISCURSO DE INVESTIDURA 13/7/1999
Carlos Rad. Procurador en las Cortes de C-L
Sr. Presidente de las Cortes.
Sras y Sres Procuradores.
Hoy es un día importante para los nacionalistas castellanos, hoy, me atrevo a decir que es también un día importante para el pueblo castellano. Por fin, en su órgano legislativo más genuino, como es su parlamento autonómico, alcanza representación una fuerza política, como es Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano, que circunscribe su acción en una escala diferente; una dimensión por encima de lo estrictamente local, a la que somos tan propensos en nuestra tierra, y lo que es más importante, al margen de la política estatal, que ha sido el denominador común de los diferentes partidos que han dominado la política castellana.
Con la llegada de la transición, llegó también una formulación del Estado Español que intentaba responder a las demandas de autogobierno que se le formulaban desde sus diferentes pueblos constitutivos, hecho que también ocurrió en Castilla y León aunque de manera muy incipiente, tal como lo atestiguan los miles de personas que se congregaban en las campas de Villalar, en demanda de autogobierno. Lamentablemente, ni en la redacción de la Constitución Española, ni en la formulación de nuestro estatuto de autonomía, el pueblo castellano vio satisfechas ni lejanamente, las legítimas aspiraciones que le correspondían por ser una de las primeras naciones europeas y el nación formadora de España. Por negársele se le negó su condición de nacionalidad histórica, adjudicándole una definición geográfica, cuyo resultado final fue más un equilibrio de intereses de nuestra derecha local, que una delimitación rigurosa en base a hechos históricos, sociales, económicos o culturales.
Esta diferenciación realizada en los comienzos de nuestra democracia, ha lastrado nuestro devenir político y económico, ha frustrado nuestras expectativas como pueblo, ha sumido en la atonía y la falta de motivación a toda nuestra sociedad castellana. Hoy, cuando han pasado más de veinte años de democracia formal, seguimos perteneciendo a una comunidad sin peso político en el conjunto del Estado Español, independientemente de quien nos gobierne; con un traspaso de competencias lento y cicatero, no hace falta más que contemplar las recientes negociaciones para la trasferencia de la educación no-universitaria. Dominados en lo político por unos partidos centralistas a ultranza, a los castellanos se nos utiliza como moneda de cambio, como trampolín para inconfesables fines partidistas e incluso personales.
Mientras, asistimos al triste espectáculo de una comunidad autónoma que va perdiendo progresivamente población y recursos económicos, que se va quedando marginada de los grandes proyectos estatales, que observa, callada y sumisa, cómo los grandes ejes de desarrollo quedan lejos de su territorio, cómo las ayudas del estado al que pertenece y contribuye, van destinadas a reestructurar otras zonas también deprimidas o con graves problemas sociales o económicos. La secular salida a las crisis de nuestro pueblo ha sido la emigración y lamentablemente, seguimos siendo una comunidad que exporta sus mejores talentos humanos, dada nuestra incapacidad para generar las necesarias condiciones laborales que permitan su aprovechamiento. El sentimiento de muchos castellanos no es el de ciudadanos de un estado europeo y moderno, es más bien el de súbditos o menos que eso, el de administrados por un conjunto de políticos sin demasiadas aspiraciones.
Frente a todo este panorama, en el que a los castellanos se nos ha negado la visión de nuestro futuro, se nos ha negado la esperanza de que las cosas realmente cambien, más allá de un maquillaje en las caras o en las formas, ha surgido el nacionalismo castellano de Tierra Comunera, un nacionalismo reivindicativo en consonancia con nuestro origen, el movimiento comunero, el primero en alzarse en defensa de nuestros derechos y libertades, referencia histórica indiscutible para todas las personas que en nuestra tierra han luchado por la libertad, por la dignidad de las personas, por una sociedad más justa y solidaria. Un nacionalismo que intenta ofrecer una actitud clara de rebeldía, necesaria hoy más que nunca. Un nacionalismo amplio de miras y todas ellas dirigidas a un cambio real en la política y en la vida económica y social de Castilla.
Desde nuestra posición de nacionalistas castellanos, le reclamamos al Sr. Candidato a la Presidencia del Gobierno regional, que ya está bien de decir medias verdades, de promesas constantemente incumplidas, de que año tras año se nos ofrezca el mismo panorama: reformas de cosmética en nuestro estatuto, escasas transferencias recibidas y desde luego, aceptada sin ninguna convicción, planes regionales con un bajísimo nivel de cumplimiento y la misma realidad: un ir a remolque de los acontecimientos, un plegarse a la política que le dictan desde Madrid, un ocupar permanentemente los últimos lugares en la inversión pública, en el nivel de servicios que reciben los ciudadanos. Es una fácil pantalla cubrir un discurso de proyectos europeos y de citas de reuniones comunitarias, a las que por supuesto no se ha ido y de las que las únicas noticias recibidas han sido por la prensa. No es ético adornar ocho años de gobierno mediocre y burocrático con el pastel europeo, donde lamentablemente nuestra comunidad de Castilla y León no supone nada, pues estamos lejos de ser siquiera algo en nuestro entorno más inmediato, dentro del propio contexto español.
Desde Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano no podemos sino votar en contra de su investidura, pues nada más lejos del programa que llevaría a la práctica un nacionalismo progresista, como el que me honra representar, que lo esbozado por Vd. Un programa que reclamaría claramente más soberanía para el pueblo castellano, y soberanía para nuestro pueblo, no es sino darle autogobierno y dignidad:
– Autogobierno no ha de ser sino la consecuencia lógica de nuestro reconocimiento como nacionalidad histórica, que no es sino lograr el máximo techo competencial, en equiparación de igual a igual con el resto de las comunidades autónomas del estado; algo que por supuesto no está en su voluntad política, ni en la voluntad política del partido socialista, pues ni desde el gobierno central, ni desde los sucesivos gobiernos regionales se ha querido tal equiparación. No es un hecho superfluo. No da igual que los intereses de los ciudadanos los defienda un gobierno autónomo comprometido o que simplemente seamos administrados desde Madrid. Hemos perdido un tiempo vital y me temo que lo seguiremos perdiendo; aunque cuatro años sean tiempo suficiente como para alcanzar esta meta si se tiene una mínima voluntad, la misma voluntad que asiste a los gobiernos nacionalistas de Cataluña, del País Vasco o incluso de Galicia. Y necesariamente, hemos de ir más allá en nuestras demandas; nosotros entendemos la soberanía de un pueblo como la plena autonomía política y económica. Es por tanto necesario un gran pacto de estado, que haga evolucionar el actual marco autonómico hacia un estado federal o confederal donde la soberanía esté compartida; donde sean los gobiernos autónomos los protagonistas de la actividad fiscal y financiera, con la cesión total de la capacidad recaudatoria por parte del estado central. Un nuevo marco que defina de forma diferente las relaciones entre los pueblos, con el pleno convencimiento que en nuestro futuro más inmediato, España será plurinacional o no será. Un marco que colme las aspiraciones de los pueblos peninsulares y que desde esa posición contribuya a perfilar una Europa de los Pueblos, alejada de la Europa de los Estados, en permanente vaivén de intereses y de dudosa viabilidad, en terrenos que no sean los estrictamente económicos.
– Dignidad, entendiendo por dignidad la recuperación de nuestra identidad como pueblo. Ha sido más valiente que Vd. el candidato de la Comunidad Autónoma de Madrid, que en su discurso de inverstidura ha hecho una apuesta concreta a favor de fortalecer los vínculos entre las comunidades castellanas. Aún discrepando de su punto de vista, no podemos menos que alegrarnos que por fin en el contexto nacional, se empiece a vislumbrar esta necesidad, que en Tierra Comunera llevomos mucho más lejos, circunscribiéndola dentro de un proceso de recuperación de la nación castellana, hoy dividida y sumida en la mediocridad y la falta de miras, de unos gobiernos autónomos con vocación de insignificantes. Recuperar la dignidad para los castellanos es poder competir con el resto de los pueblos de Europa de igual a igual, con recursos económicos y poblacionales suficientes, cosa que hoy no es posible hacer desde el actual marco institucional. La articulación de una Castilla amplia y plural es la mejor forma de cohesionar nuestro inmenso territorio, con sus peculiaridades y características, en un proyecto hecho por y para los castellanos.
Sólo desde el control financiero de nuestra economía es posible abordar las enormes reformas que necesita Castilla para equipararse al conjunto nacional y europeo. Sólo si la capacidad recaudatoria reside en el gobierno autonómico, será posible establecer las políticas fiscales que relancen nuestra economía, con una fiscalidad que sea equiparable a otras comunidades de nuestro entorno y que no supongan una clara desventaja para nuestras iniciativas empresariales. Sólo desde la creación de una Banca Pública Castellana será posible concentrar nuestros recursos financieros y el ahorro privado de los castellanos, que hoy, y en una elevada proporción, se invierte en iniciativas y proyectos ajenos a nuestra comunidad. Una Banca Pública que sea capaz de financiar mediante créditos blandos, nuestras necesidades en infraestructuras más urgentes, la creación de nuevas empresas o la reestructuración de sectores productivos con graves deficiencias.
En todos estos años de gobierno autonómico, no se ha hablado nunca de control de nuestros sectores estratégicos, en particular del sector energético, en manos de empresas privadas muy poderosas y con una práctica económica que nos expolia uno de nuestros recursos básicos. La aplicación de un canon energético a nuestra comunidad como productora neta de energía, no es una exigencia descabellada si tenemos en cuenta que sufrimos todos los perjuicios y ninguno de los beneficios de sus instalaciones: nuestros mejores valles de montaña fueron anegados, sufrimos la contaminación química que generan las centrales térmicas y los riesgos nucleares los tenemos demasiado cercanos. La nacionalización de la minería leonesa y palentina, es la única garantía de viabilidad, de asegurar la modernización de sus instalaciones y de mejorar las condiciones de trabajo de los mineros. En el más inmediato futuro, y antes que la Sra. Ministra de Medio Ambiente desempolve el Plan Hidrológico Nacional, urdido por el Sr. Borrell, para el expolio de nuestra agua, he de recordarle que para los nacionalistas castellanos, el agua no es un bien del estado, es un bien nuestro y que si alguien lo ha de utilizar, primero hemos de ser los castellanos. No es ésta una actitud insolidaria, no se trata de un agua que se utilice para cubrir necesidades básicas, se trata siempre de un agua empleada en crear riqueza y que debe ser por tanto, un agua con un precio que revierta en nuestra economía.
Una visión completa de nuestra economía, no puede olvidar al sector agrícola y ganadero, dada la importancia que tiene en nuestro P.I.B. y el alto porcentaje de personas a las que ocupa. Un sector que ha sufrido como nadie la entrada en la C.E. y que sólo en los últimos años, las ayudas europeas han contribuido a paliar su situación. Ayudas europeas que han mejorado la capacidad adquisitiva de nuestros agricultures y ganaderos, pero que en muchos de los casos, a penas ha tenido reflejo en una modernización de las explotaciones o en inversiones para realizar actividades alternativas en el sector agroindustrial. Se puede decir categóricamente, que no ha existido política agrícola regional, que nuestra Consejería de Agricultura y Ganadería, ha actuado como simple ventanilla de las ayudas que venían de Europa, muchas de ellas propiciando el abandono de tierras y explotaciones, cuando no sometidas a la picaresca más vergonzante. Hoy cuando se nos presenta un horizonte próximo sin ayudas económicas, es cuando hay que preguntarle al Sr. Candidato, si va a seguir dejando pasar oportunidades, prometiendo año tras año pantanos y regadíos, esperando que dada la media de edad de nuestros agricultores les llegue la tan ansiada jubilación como solución final.
Para el nacionalismo castellano de Tierra Comunera, la realidad y la esencia de Castilla no son comprensibles sin el medio rural. Un medio rural que dadas las condiciones de vida de muchas comarcas, está más cerca de los países del tercer mundo que de su añorada Europa de comisiones y directivas. Un medio rural castellano sobre el que urge practicar otra política diferente a la tradicional sumisión al poder establecido. Necesitamos un proyecto claro y serio de comarcalización, no como de una prebenda para las comarcas naturales más dinámicas y con mayores exigencias, sino como un proyecto de administración más cercana a los ciudadanos de nuestros pueblos, un proyecto que implique la progresiva desaparición de las Diputaciones Provinciales, en cuyo control tanta experiencia tienen, en favor de una nueva ordenación territorial capaz de asentar y atender las necesidades básicas de las comunidades más pequeñas y dispersas. Potenciar los Consejos Comarcales, para que sean auténticos órganos de elección directa, donde estén representados los municipios sin intermediar los comisarios políticos de turno; instituciones que debe ir más allá de la simple prestación de servicios que tienen las actuales Mancomunidades, capaces de canalizar iniciativas empresariales, aumentar las posibilidades inversoras y aunar esfuerzos para mantener un medio rural vivo y no en vías de defunción. Desde esta perspectiva, vaya nuestra oposición tajante a la nueva Ley de Municipios, que no hará sino desmantelar a las pequeñas entidades locales y con ello, la pérdida de su identidad colectiva y un más difícil asentamiento poblacional; nuestra oposición también a todo lo que sea concentración sanitaria o educativa, la mejor solución para desarraigar a la poca población juvenil que nos queda en el campo y condenarlos definitivamente a la emigración.
Ha hablado en su programa de gobierno de preocupación por nuestro medio ambiente y aparte de tópicos y generalidades, es preciso recordarle que tras ocho años de gobierno, con ingentes ayudas europeas, hay bastantes municipios, y con bastante más de 15.000 habitantes, que carecen de los más elementales sistemas de depuración de aguas residuales o de gestión de los residuos sólidos urbanos. Poblaciones, como por ejemplo la ciudad de Burgos, que se encuentra con su vertedero de Residuos Urbanos colmatado y donde no se ha articulado una alternativa real y razonable, ciudades con graves riesgos de contaminación química e instalaciones obsoletas, como la central Nuclear de Santa María de Garoña, que se encuentra sobrepasada ya su vida natural y que mediante continuos parcheos, se quiere prolongar aún más su actividad. No contentos con eso, varias de nuestras comarcas, sufren la amenaza de instalación de un vertedero de residuos nucleares de alta actividad, que tristemente completaría en nuestra comunidad, el ciclo de la energía nuclear.
Se ha hablado de una Ley Regional de protección de nuestros bosques, algunos de ellos, dado nuestro carácter fronterizo entre los ecosistemas atlántico y mediterráneo, auténticas joyas botánicas, sobre las que se ha realizado una nefasta gestión, permitiendo todo tipo de talas indiscriminadas y en la peor de sus formas, a matarrasa. Existe una Ley de Espacios Naturales que está obteniendo todo tipo de cortapisas y oposiciones de los municipios implicados, dado el talante impositivo con el que se plantea y la escasa o nula labor de convencimiento desarrollada.
Me gustaría finalizar mi intervención mencionando un último aspecto de su política regional donde desde luego, no puedo estar en mayor desacuerdo. Es el dedicado a la defensa de la identidad castellana, desde el convencimiento que no se puede defender lo que no se ama. Y buena prueba de que no se ama es la raquítica defensa de la identidad castellana del Condado de Treviño, donde tras años de abandono y olvido, se ha intentado paliar la situación con torpes inversiones y una política ambigua, fruto de la cual nos encontramos en un punto de difícil retorno. Como también es una buena prueba, la ausencia en nuestra comunidad de una televisión regional de carácter público, que no sea un mero instrumento de la Consejería de Presidencia; un instrumento clave para que los castellanos conozcan de cerca la realidad de una comunidad que rara vez es noticia en los medios estatales, para difundir su cultura, sus tradiciones o conocer su privilegiado territorio. Siempre se ha esgrimido el argumento del déficit que ello conlleva y que nos llevaría a preguntar si todos los presidentes autonómicos, muchos de ellos de su mismo partido, tienen los mismos criterios para mantener desde los presupuestos regionales la televisión gallega, madrileña o valenciana.
Mi voto, inevitable y futuro Sr. Presidente, es un voto negativo a su investidura, pero sepa muy claramente, que cualquiera de sus acciones que supongan la reivindicación de nuestra soberanía como castellanos, va a tener nuestro apoyo y consideración, por encima de prejuicios ideológicos estériles. Pero sepa también, que del mismo modo, ante cualquier acción que suponga mantener un sistema injusto de desigualdad hacia nuestro pueblo, de olvido o de marginación, va a tener a los comuneros en frente, en el Parlamento o en la calle.
Carlos Rad
