El medio rural castellano está sometido a un proceso de exterminio que cuestiona su supervivencia a corto plazo, amenazado por la crisis agropecuaria, el envejecimiento, la despoblación y el deterioro en la prestación de los servicios públicos.
La comarcalización, se constituye en un instrumento democratizador, capaz de generar la ilusión, los recursos públicos y la actividad socio-económica necesaria para dotar a Castilla de un medio rural vivo. Las comarcas se definen como un ámbito, razonable y eficiente, para la práctica del principio de subsidiariedad, y para la aplicación de políticas de desarrollo generadas por el propio tejido social rural.
Los nacionalistas castellanos hacemos una opción, clara y preferente por el campo castellano, como ámbito generador de identidad castellana, como referente histórico y cultural de nuestra nación, como espacio vivo para la creación de modelos sociales más cooperativos y democratizadores, generadores de estructuras modernas, progresistas y transformadoras.
La situación del Medio Rural castellano
A lo largo del siglo XX, el medio rural castellano ha perdido más de 3 millones de habitantes, ha sufrido una emigración juvenil feroz, ha visto desmanteladas sus estructuras productivas, y padece un proceso de abandono, desertización y envejecimiento que cuestiona su futuro inmediato, y que amenaza dramáticamente las señas de identidad, el patrimonio y el medio natural de Castilla.
La red de infraestructuras viarias y de las comunicaciones en el medio rural castellano es arcaica, y la prestación de los servicios sociales, educativos y sanitarios se deteriora progresivamente. Así, la mayor parte de las comarcas rurales castellanas, presentan densidades comprendidas entre 2 y 10 h/km2, con porcentajes de mayores de 65 años superiores al 50%. La actividad agropecuaria está en crisis, y la destrucción de puestos de trabajo en el campo es creciente.
Mientras, las administraciones públicas castellanas, gobernadas por los partidos políticos centralistas, se muestran desinteresadas e incapaces para resolver la problemática de los casi 2.500.000 castellanos que residen en el ámbito rural. La comarcalización es un proceso de ordenación del territorio y de gestión de las políticas en el ámbito rural, basado en el reconocimiento del hecho comarcal como una realidad social, humana, geográfica, histórica, cultural y económica, básica para la aplicación de políticas que fijen la población y permitan la construcción de un modelo de desarrollo socioeconómico, sostenible, moderno y eficiente.
Los objetivos de la comarcalización
Garantizar un modelo de ordenación del territorio, que fije la población y evite la desaparición de las pequeñas localidades rurales, promoviendo alternativas por un medio rural castellano vivo.
Promover la autoidentificación de los habitantes del medio rural con su realidad comarcal, rescatando y actualizando los valores culturales, etnográficos, e históricos propios, como factores movilizadores de las potencialidades humanas y materiales de cada comarca.
Generar un tejido económico diversificado, moderno y competitivo, atractivo para los jóvenes, y basado en un aprovechamiento endógeno y autocentrado, de los recursos naturales, materiales y humanos propios de la comarca.
Desarrollar, mediante la creación de consejos comarcales por elección directa, instituciones democráticas y cívicas, que erradiquen el caciquismo, y plenamente identificadas con las inquietudes y necesidades de los habitantes del medio rural.
Asegurar que los recursos públicos destinados por las diferentes administraciones al medio rural, se planifican y distribuyen con la máxima eficacia, siendo las propias comarcas los protagonistas de su gestión.
Planificar una prestación moderna y racional de los servicios públicos (comunicaciones, ocio, cultura, sanidad, educación, servicios sociales,…) que garantice a los ciudadanos del medio rural servicios de calidad, en condiciones de igualdad con el ámbito urbano.
Ordenar el territorio, de manera no centralizada, tejiendo un mallado que reparta las infraestructuras en las diferentes localidades, buscando las sinergias de la cooperación solidaria, por encima de la competencia destructiva.
Por la desaparición de las Diputaciones provinciales
Las diputaciones provinciales en Castilla son un claro ejemplo de instituciones decimonónicas, ineficaces y caciquiles. Desde hace más de 150 años, asumen la responsabilidad de las políticas públicas en el ámbito rural y localidades inferiores a 20.000 habitantes. En Castilla-León y Castilla-La Mancha, manejaron el año 2000 presupuestos superiores a los 200.000 millones de pesetas, de los cuales más del 60% se dedicó a financiar su simple funcionamiento ordinario, incomprensiblemente centrado además en las capitales provinciales. Son instituciones, que se han demostrado ineficaces para solucionar los problemas del medio rural y las pequeñas localidades, con niveles de inversiones raquíticos, un funcionamiento democrático insuficiente, y gobernadas con criterios partidistas, caciquiles y generadoras de prácticas clientelares.
Alternativas económicas en el Medio Rural
Declaración del sector agrario y ganadero como ámbito estratégico de la economía castellana, articulando un Plan Nacional Agropecuario, que garantice la modernización y viabilidad de las explotaciones, diversificando los cultivos, extendiendo y mejorando los regadíos, y aplicando las modernas técnicas agrarias y ganaderas.
Actualización, con criterios de calidad, de los aprovechamientos tradicionales del campo castellano, potenciando los usos forestales, los pastizales, la apicultura, las plantas aromáticas, las trufas, etc..
Protección y difusión del patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico y monumental de los pueblos castellanos, como factor de desarrollo económico, a través del turismo rural, y como eje vertebrador de identidad.
Conservación del paisaje y del medio natural de las comarcas de Castilla, como ámbito de creación de riqueza y de empleo, dentro de las directrices de un desarrollo ecológico y sostenible.
Priorizar la creación de industrias de transformación de productos propios en las cabeceras comarcales, y la creación de empleo relacionado con el medio ambiente y las nuevas tecnologías.
Desarrollar las políticas sociales (tercera edad, educación, sanidad, ocio y cultura, etc…), como espacios de creación de empleo y de actividad económica en el medio rural castellano.
